Ex-gobernadora de la Guajira Oneida Pinto se entregó a las autoridades.

La ex-gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, se entregó el día de hoy a las autoridades para cumplir con la medida de aseguramiento en su contra, por la presunta pérdida de más de 5.900 millones de pesos en la construcción de adoquines en el municipio de Albania.La Defensoría del Pueblo acompaño y sirvió de garante en la entrega de Pinto, ante el comando de la Policía en Riohacha.

La semana pasada el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de control de garantías de Riohacha ordeno la prorrogar por un año más, a la orden de captura contra la exgobernadora, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

A Pinto le imputaron los cargos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

La presunta pérdida de más de 5.900 millones de pesos por lo que la Fiscalía acusó en su momento a Pinto, se habría presentado entre los años  2010 y 2011.

Sin embargo, Oneida Pinto no había comparecido ante las autoridades y la última vez que había sido vista en público fue el 18 de junio de 2019, día en que la fiscal delegada solicitó la medida de prisión en su contra y que fue admitida por un juez.

Para las autoridades, Pinto habría creado la fundación Princesa Negra para que se encargara de realizar la auditoría al contrato de adoquinamiento de vías en ese municipio, por valores que ascienden a más de $ 12.000.000.000. Los investigadores establecieron que existió un posible detrimento a ese municipio por $5.981’965.192.

Por tales inconsistencias, la Fiscalia le imputó cargos en el año 2019 como responsable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.

La ex-gobernadora también se encuentra vinculada al caso conocido como mortalidad infantil, que está en etapa preparatoria ante el Juzgado 25 de Conocimiento de Bogotá. Los hechos tienen relación con la celebración de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Albania y el hospital San Rafael de ese municipio, con miras a reducir los índices de mortalidad en niños, niñas de 0 a 5 años, madres gestantes y mujeres embarazadas.

El valor del convenio ascendió a más de $ 18.900’000.000, en el cual la Fiscalía evidenció una pérdida de recursos por el orden de los $ 6.900’000.000.

Las anomalías se centran en el supuesto manejo irregular de la ejecución contractual, el falseo de todos los documentos contractuales y el trasfondo político dado que solo trabajaban en el mismo quienes manifestaran su apoyo político a Oneida Pinto.