FLIP le pone el ojo a los perfilamientos hechos a periodistas en Colombia.

La FLIP Fundación para la Libertad de Prensa, rastreo los compromisos de las autoridades con respecto al caso en el que militares recaudaron información de periodistas colombianos y extranjeros, entre otras personalidades. Para la organización el balance es alarmante.

Recordemos que cuatro meses atrás, se supo que el Ejército venía recaudando información a 130 personas entre ellas; periodistas, políticos e incluso militares. La FLIP le ha hecho seguimiento al caso durante este tiempo a las acciones judiciales, disciplinarias ,entre otras, sobre este escándalo que fue una de los tantos que tuvo el Ejército entre 2019 y comienzos de 2020. El 20 de mayo, la Procuraduría General llamó a juicio disciplinario a varios militares. 

Pero hasta la fecha no se sabe cuándo arrancara la audiencia. “La FLIP valora positivamente que, una vez el Ministerio Público asumió competencia de este caso, se adoptaron decisiones de fondo, lo que no ocurrió mientras el Comando General de las Fuerzas Militares estuvo a cargo de la investigación”, afirma la organización .

La Fiscalía General de la Nación,  desde enero de este año anuncio una investigación por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, uso ilícito de equipos trasmisores, entre otros delitos, y que dentro de este expediente sería citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio Martínez. “Cuatro meses después, dicha diligencia no se ha realizado”, afirmó la FLIP.

La FLIP, afirmo que en una comunicación del 5 de agosto, el Estado “contestó algunas de las preguntas y omitió resolver de manera integral y completa todos los interrogantes planteados por los expertos independientes de Naciones Unidas y de la CIDH”. Así mismo, algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos llamaron la atención sobre el caso, por el uso indebido de los recursos de ayuda internacional para fines “ilegítimos”. 

“Se ha forjado un ambiente gubernamental de superación del fenómeno que no pasa por la garantía del derecho a la justicia. Las investigaciones penales y disciplinarias se deben adelantar con celeridad y sancionar ejemplarmente a los responsables, de lo contrario anticipamos un alto riesgo de impunidad para estos hechos. Para la FLIP es preocupante que los avances frente al caso de perfilamientos son mínimos y no proporcionan garantías para la libertad de prensa ni para la protección a las fuentes. Las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes para  esclarecer de manera pronta la verdad sobre las vigilancias del Estado ni para prevenir que vuelvan a ocurrir”, señaló la FLIP.

Según develo el periódico El Espectador el 19 de agosto de 2020, los cuatro Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron al Gobierno de Iván Duque su preocupación sobre las actividades de vigilancia y elaboración de perfiles por parte del Ejército, considerando que dichas actividades someten a los periodistas a un riesgo elevado e interfieren con el desarrollo del ejercicio periodístico. Además, solicitaron al Estado Colombiano información para aclarar los hechos: detalles de las investigaciones que se han adelantado y de las actividades de prevención que se han desplegado.